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Agenda de Vivienda, Construcción, Infraestructura y Urbanismo
2016-2021


I. Importancia del sector construcción

La construcción es una actividad estratégica para el desarrollo económico del país y para la generación de bienestar de la población. Es evidente su contribución al incremento de la competitividad nacional, mediante la generación de infraestructura para la producción. La actividad constructora tiene un efecto multiplicador sobre la producción global: cada sol destinado a la construcción, genera 2.44 soles de valor agregado en toda la economía. De otro lado, permite efectivizar la inversión pública y privada, así como la creación de capital físico, uno de los componentes esenciales de la riqueza de un país.

Además, la construcción promueve la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, mediante el acceso a la vivienda, a los servicios públicos y a los equipamientos productivos, recreativos, educativos y sanitarios. Facilita además el crecimiento ordenado de las ciudades y la ocupación racional del territorio.

Las obras de construcción constituyen una de las fuentes más eficientes para la generación de empleo adecuado y descentralizado, captando mano de obra calificada y no calificada y contribuyendo a la creación de puestos de trabajo en otras actividades: se estima que por cada puesto de trabajo en la construcción, se generan cuatro empleos indirectos. Es además un instrumento clave para el desarrollo de la innovación científica y tecnológica en el país.
Por último, el estímulo a la actividad constructora resulta indispensable cuando se trata de implementar políticas contra-cíclicas, necesarias cuando las condiciones macro-económicas nacionales e internacionales se tornan difíciles.

Desde el año 2002 hasta el 2014, la construcción nacional presentó un crecimiento significativamente mayor que el de la economía en general, constituyéndose en uno de los sectores que empujaron el crecimiento de la producción y de la inversión. Sin embargo, en el año 2015 el PBI sectorial ha sufrido una importante caída (8%), motivada por el menor avance de la obra pública (-20%) y de la inversión privada (-2%). La venta formal de viviendas nuevas cayó de 45 mil unidades en el año 2012 a 23 mil en el 2015.

De otro lado, el 70% de las viviendas son construidas informalmente, sin presencia de profesionales en el diseño y construcción, utilizando materiales de baja calidad, sin licencia de edificación ni supervisión municipal, sin cumplir con obligaciones tributarias ni laborales. Además, muchas de estas viviendas se sitúan en áreas de riesgo, en suelos invadidos o poco aparentes para la construcción. La informalidad genera grandes riesgos para la vida y la propiedad, mayores inversiones para la provisión de servicios, equipamientos e infraestructura, conflictos sociales por la propiedad del suelo, y significativos sobrecostos a las empresas y a los trabajadores. Se estima que un tercio del PBI de la construcción es informal.
En el próximo quinquenio, es indispensable revertir progresivamente la recesión de la actividad constructora, mediante la aplicación de un Plan Sectorial de mediano plazo enfocado en el incremento de la producción formal de vivienda (especialmente de interés social) y de la infraestructura productiva y social, así como el crecimiento ordenado de los centros de población, urbanos y rurales.

La implementación de este Plan Sectorial exige una acción coordinada de todos los agentes públicos y privados involucrados en la construcción, la que debe expresarse en Consejos Consultivos en los Ministerios de Vivienda y de Transportes, lo que garantizaría además la articulación de este plan de gobierno con una Política de Estado con acciones y objetivos a largo plazo.

II. Los desafíos en el sector construcción

1. Vivienda Urbana
De acuerdo con estimaciones de CAPECO, existe una demanda insatisfecha de más de 700 mil viviendas en las 35 principales ciudades del país, casi el 60% de ellas corresponde a aquellas con precios inferiores a 40 mil dólares. En los próximos 20 años, se formarán en estas ciudades no menos de 2 millones 400 mil hogares, los que demandarán vivienda. Para lograr los niveles de construcción formal alcanzados en países cercanos, se requeriría edificar 140 mil viviendas en promedio por año. De lo contrario, se consolidarán las invasiones y la producción habitacional informal.

Los programas de vivienda del Estado presentan un limitado nivel de ejecución. En el 2015, se efectuaron menos de 9 000 desembolsos de créditos Mivivienda, el año 2015 (similar nivel alcanzado el año 2005) y 3 000 desembolsos de subsidios Techo Propio, modalidad vivienda nueva (algo mayor que el 2008). De otro lado, existen dificultades para la implementación de las modalidades de leasing habitacional y alquiler venta.

Es cierto que el actual gobierno ha promovido la construcción de módulos básicos a través del programa Techo Propio, modalidad construcción en sitio propio, habiéndose superado el año 2015 las 50 mil soluciones habitacionales. Sin embargo, esta modalidad sólo corrige parcialmente el asentamiento espontáneo de la población y se genera el riesgo de que la terminación de la vivienda se efectúe también informalmente.

Otra de las principales limitaciones para la construcción formal de viviendas – y en general de todas las edificaciones urbanas – es la insuficiencia de suelo urbano, tanto en áreas consolidadas como en áreas de expansión. La experiencia internacional señala además que, para asegurar la oferta de vivienda social, es necesario emprender mega-proyectos urbanos, lo que demanda la implementación modelos innovadores de gestión de suelo.

Además, los trámites administrativos para la obtención de licencias y conformidades de obras son engorrosos, a pesar de la puesta en vigencia de la Ley N° 29090 que propicia mecanismos más flexibles para las habilitaciones urbanas y para las edificaciones. Según estimaciones del Banco Mundial obtener una licencia de construcción en el Perú toma 174 días, mientras que en Colombia requiere 73 días, en México 88, en Ecuador 114 y en Chile 152 días. En nuestro país, las municipalidades y otras entidades que participan en estos procesos suelen dar normas que contradicen a la norma nacional, generando incertidumbre en los procesos e inseguridad jurídica.

Los desafíos a superar para la vivienda urbana:
¿Cómo propiciar la actualización de los planes urbanos en las principales ciudades, para la generación de suelo urbano destinado a vivienda y equipamiento?

¿Cómo generar modelos de gestión de suelo que permitan el desarrollo de megaproyectos urbanos?

¿Cómo incrementar los niveles de operación de los programas de vivienda del Estado?
¿Cómo asegurar la sostenibilidad de estos programas, para que puedan atender las demandas habitacionales de largo plazo?

¿Qué hacer para lograr una verdadera simplificación de procedimientos administrativos de licencias? ¿Qué rol debe cumplir el Ministerio de Vivienda en este objetivo?

2. Vivienda Rural

Según estimaciones del Ministerio de Vivienda a partir de datos censales, En las áreas rurales existe un déficit de vivienda de más de 700 mil unidades, esencialmente de carácter cualitativo: están construidas con materiales precarios, carecen de servicios básicos y/o son muy pequeñas para albergar a las familias. Esto genera no sólo altísimos niveles de vulnerabilidad frente a fenómenos naturales (frío, calor, lluvia, sismos) sino también condiciones de pobreza: el 15% de la población rural se encuentra en situación de pobreza extrema y el 31% son pobres no extremos, de acuerdo a estudios realizados por el INEI.

Los programas e intervenciones dirigidos a la provisión de vivienda rural no han tenido ninguna relevancia, siendo necesario implementar soluciones que procuren generar adecuadas condiciones de habitabilidad, teniendo en cuenta además que en las áreas rurales es necesario emplear materiales de la zona y soluciones autónomas de servicios básicos. Finalmente, no debe desconocerse que la permanencia de las familias en asentamientos rurales depende esencialmente de la rentabilidad y sostenibilidad de las actividades productivas a las que ellas se dedican.

Los desafíos a superar para la vivienda rural:

¿Cuáles deben ser las principales características de un programa de vivienda destinado a la población rural?

¿Qué entidades serían las encargadas de la producción o mejoramiento de la vivienda rural?

¿Cómo articular estos programas de vivienda rural con otros destinados a promover la sostenibilidad de las actividades productivas de las familias rurales?

3. Marginalidad Urbana

Al año 2012, de acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, cuatro de cada diez pobladores de las ciudades, vivían en casi 9 000 barrios marginales: carecían de servicios básicos, pistas, veredas, áreas verdes o centros comunales. Una gran mayoría de estos barrios no se encuentran conectados con la ciudad consolidada mediante vías adecuadas. Esta condición de precariedad contribuye al mantenimiento o profundización de la pobreza, a la inexistencia de oportunidades de empleo y a la consolidación de hábitos antisociales (pandillaje, drogadicción, violencia doméstica, delincuencia común). La experiencia internacional demuestra que existe una directa relación entre la marginalidad urbana y la inseguridad ciudadana.

Tradicionalmente, las municipalidades han atendido las necesidades de estos pobladores a través de acciones dispersas y pequeñas obras, que en el mediano plazo se diluyen por su escaso impacto y por la inexistencia de mecanismos que aseguren su mantenimiento.

El Ministerio de Vivienda a través del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios y la Municipalidad Metropolitana de Lima con Barrio Mío, han intentado implementar intervenciones de mayor magnitud, pero sin embargo no han considerado componentes para el fortalecimiento de las juntas vecinales, para la gestión de las infraestructuras y equipamientos, para la generación de oportunidades de empleo local y para la reducción de la violencia. Además, la superación de las condiciones de precariedad en los 9 000 barrios exigiría una inversión que bordea los 12 mil millones de dólares, según estimados del Instituto Invertir.

Otro factor de marginalidad urbana, lo constituyen las 400 mil viviendas urbanas que requieren ser reforzadas estructuralmente y las 100 mil que deben ser reasentadas, para evitar que sean afectadas por sismos y otros fenómenos naturales. El Ministerio de Vivienda tiene un programa de subsidios para Mejoramiento de Vivienda que ha reforzado algunos cientos de vivienda y ha desarrollado algunas intervenciones de reasentamiento como la que se viene ejecutando en el barrio de Belén de Iquitos. Se estima que para superar la vulnerabilidad de estas edificaciones se requiere una inversión de unos 4 mil seiscientos millones de dólares.

Los desafíos a superar para abordar la marginalidad urbana:

¿Qué debe hacerse para fortalecer los programas de mejoramiento de barrios y viviendas?

¿Qué meta de atención de barrios marginales o de viviendas vulnerables se espera alcanzar en el próximo quinquenio?

¿A qué fuentes alternativas de financiamiento puede recurrirse para incrementar estas intervenciones?

¿Cómo incentivar a las municipalidades para que no continúen atendiendo la marginalidad urbana con acciones dispersas?


4. Servicios Públicos
Al 2014, casi 4 millones de peruanos carecen de agua potable y más de 9 millones no cuentan con alcantarillado, según el Ministerio de Vivienda. En las áreas urbanas, 1 millón ochocientas mil personas no tienen agua. Además, la disponibilidad del servicio de agua es de 19 horas por día, existiendo casi 9 millones de pobladores que no reciben agua durante la tercera parte del día. Casi el 80% de las aguas servidas no reciben tratamiento alguno.

Adicionalmente, una parte significativa de las redes existentes ya han superado su vida útil, lo que explica el que el 50% del agua producida se pierda. En las áreas consolidadas de las ciudades, la obsolescencia de las redes impide dotar de servicios a los nuevos proyectos inmobiliarios lo que reduce el volumen de la oferta formal de vivienda. Los proyectos de vivienda social, que usualmente se ubican en áreas de expansión urbana, encuentran mayores dificultades para contar con estos servicios.

Para extender la cobertura de agua y desagüe al 100% de la población y para renovar las redes existentes se requieren unos 17 mil millones de dólares, de acuerdo con estimados del Ministerio de Vivienda. La práctica totalidad de Empresas Prestadoras de Servicios carecen de capacidad técnica y financiera para poder afrontar estas inversiones. Una de las principales razones para esta insolvencia es la imposibilidad de contar con tarifas razonables.

El Gobierno Central ha venido atendiendo estas carencias con recursos presupuestales que no son devueltos por las empresas prestadoras y ha implementado mecanismos de fortalecimiento a través del Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento (OTASS), que tiene facultad para encargarse temporalmente de la gestión de EPS en condiciones críticas.

Además, ha impulsado la participación privada en las inversiones para dotación de agua y desagüe a través del mecanismo de obras por impuestos o alianzas público-privadas. Por último, se ha empezado a desarrollar tecnologías alternativas de producción de agua, a través de la desalinización de agua de mar, en un proyecto en los Balnearios del Sur de Lima. Los resultados de todas estas intervenciones son todavía muy limitados.

Los desafíos a superar en los servicios de agua y desagüe:

¿Qué meta de inversión en servicios de agua y desagüe se espera alcanzar en el próximo quinquenio?

¿Qué medidas se deben tomar para mejorar la gestión de las prestadoras de servicios públicos?

¿Qué posibilidad existe de sincerar las tarifas de los servicios de agua y desagüe?

¿Cómo puede protegerse a la población de bajos ingresos de la eventual alza de tarifas?

¿Cómo incrementar los niveles de inversión a través de los mecanismos de obras por impuestos o alianzas público-privadas?

¿Cómo incentivar la utilización de tecnologías alternativas de producción de agua y tratamiento de desagües?

5. Infraestructura

La brecha de infraestructura para el próximo quinquenio supera los 62 mil millones de dólares a nivel nacional, siendo los rubros más importantes energía (11 mil 400 millones), carreteras (11 mil 200), banda ancha (10 mil) y salud (9 mil 500 millones), de acuerdo con información de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

La inversión pública presenta muchas dificultades para su ejecución, motivadas fundamentalmente por las deficiencias de las normas de contratación del Estado, la poca capacitación de los funcionarios encargados de los procesos y el incremento de la corrupción. La normativa no estimula la competencia, genera condiciones desfavorables para la empresa nacional y provoca una recurrencia excesiva de los mecanismos de arbitraje. La poca capacitación de los encargados de las licitaciones, especialmente en los gobiernos locales y regionales, trae como consecuencia que las bases de licitación no sean las adecuadas y que la selección de postores ganadores no se ajuste necesariamente a criterios técnicos.
También se ha intensificado el empleo no autorizado de los mecanismos de contratación por administración directa o mediante convenios entre entidades públicas, para lo cual se reducen artificialmente los presupuestos o se fraccionan las obras. Además, persiste el régimen de licitación a través de entidades internacionales, en el que son recurrentes la falta de predictibilidad, pluralidad de instancia, transparencia y las dificultades de control efectivo.
Todo ello ha incrementado los niveles de corrupción en las licitaciones públicas, afectando los recursos públicos, demorando o impidiendo la culminación de las obras y propiciando el incumplimiento de obligaciones laborales y frente a proveedores. Han sido muy frecuentes los casos de empresas extranjeras, sin solvencia técnica o económica, que han abandonado las obras sin asumir ninguna responsabilidad.

La nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, y sus disposiciones reglamentarias pretenden resolver estas deficiencias, mediante la adopción de un nuevo modelo para la gestión de estos procesos, basado en el otorgamiento de una mayor discrecionalidad a los funcionarios encargados de las licitaciones, lo que generará aún más incertidumbre en tales procesos y propiciará la corrupción.

En cuanto a la inversión privada, las principales dificultades se encuentran en la morosidad e imprevisibilidad de los trámites burocráticos, entre ellos el de expropiación de terrenos para el desarrollo de proyectos. En lo que se refiere a la modalidad de Obras por Impuestos, uno de los problemas críticos es la aprobación de los avances o liquidación de obra para el otorgamiento de los certificados de inversión pública para la aplicación de las deducciones tributarias.
Las asociaciones público-privadas y las iniciativas privadas en obras de infraestructura se ven afectadas por la demora en los procesos de admisión a trámite, evaluación, declaratoria de interés y adjudicación. Además, el hecho de que la naturaleza de “petición de gracia” de estas iniciativas se mantenga prácticamente hasta la suscripción del contrato, genera una gran incertidumbre entre las empresas privadas, impidiendo una mayor participación. De otro lado, no existen criterios claros para la priorización y selección de proyectos que requieran cofinanciamiento o garantías del Estado.

Por último, en proyectos de infraestructura de gran magnitud, se viene incrementando la oposición de poblaciones aledañas o de grupos de interés local, dificultando e incluso frustrando su concreción.


Los desafíos a superar en infraestructura:

¿Qué meta de atención de la brecha de infraestructura se espera alcanzar en el próximo quinquenio?

¿Cuánto de dicha inversión se espera implementar a través de obras públicas? ¿Cuánto a través de la participación privada?

¿Qué modificaciones deben plantearse a las normas de contratación pública para asegurar la calidad de las obras, estimular la competencia y reducir la corrupción?

¿Cómo evitar que malos constructores incumplan sus obligaciones laborales?

¿Cómo reducir el uso indebido de la modalidad de contratación por administración directa?

¿Qué cambios deben efectuarse al mecanismo de Obras por Impuestos para hacerlo más eficiente y previsible?

¿Cómo incrementar los montos de inversión en iniciativas privada o asociaciones público-privadas?

¿Cómo priorizar apropiadamente los proyectos que requieran cofinanciamiento o garantías del Estado?

¿Qué debe hacerse para reducir los conflictos sociales que afectan la ejecución de grandes proyectos de infraestructura?

6. Competitividad de la Construcción

La sostenibilidad de la actividad constructora depende fundamentalmente de la búsqueda permanente de competitividad de los factores de producción (recursos humanos, materiales, diseño, procesos productivos, modelos de gestión). Ello demanda una inversión sostenida en la capacitación de trabajadores, en la innovación de diseño, en investigación y desarrollo de materiales y procesos productivos, en la acreditación de profesionales y en el uso de nuevos recursos tecnológicos para optimizar la gestión de las obras y las empresas constructoras.
La puesta en operación de todos estos procesos demanda el establecimiento de objetivos conjuntos entre las empresas, los profesionales, las universidades y centros de capacitación, los trabajadores de construcción civil y el Estado. Esta concordancia busca identificar las oportunidades de mejora que generan más impacto en la competitividad de la construcción y facilitar el proceso investigación-desarrollo.

En el logro de este objetivo juega un rol de primer orden el SENCICO, entidad que financia exclusivamente con recursos aportados por empresas constructoras y trabajadores, que deben destinarse a la capacitación de operarios y mandos medios pero también a la investigación en construcción. Debe señalarse que, debido fundamentalmente a razones burocráticas, en los últimos años, los fondos del SENCICO destinados a investigación no han sido empleados eficientemente, perdiéndose una gran oportunidad para contribuir a la competitividad del sector. Otra fuente de recursos disponibles para la investigación son aquellos provenientes del Canon que reciben muchas Universidades Públicas que tampoco presentan niveles significativos de ejecución.

Finalmente, es necesario comprometer a los colegios profesionales así como a los gremios empresariales y sindicales en la supervisión del adecuado ejercicio profesional y en la adopción de mecanismos de capacitación, acreditación y certificación.

Los desafíos a superar en competitividad de la construcción:

¿Cómo establecer un mecanismo que permita identificar las prioridades de inversión en investigación y desarrollo de los factores de producción?

¿Qué mecanismos deben implementarse para la optimización del uso de los recursos del SENCICO, particularmente los destinados a investigación e innovación?

¿Cómo pueden articularse estos recursos con los que tienen las universidades que reciben canon?

¿Cómo incentivar la participación de los gremios profesionales, empresariales y laborales en procesos de acreditación y certificación?

¿Cómo impulsar la adopción de nuevas tecnologías de gestión de proyectos y obras?


7. Seguridad en la Construcción

La actividad constructora, en general, se caracteriza por requerir altos y variados estándares de seguridad. Es necesario dotarla de seguridad jurídica, para que se respete el derecho de propiedad y para que las autorizaciones se otorguen oportunamente y mantengan su vigencia hasta la culminación de las obras. La seguridad jurídica se garantiza con la represión de las invasiones y con la adopción de normas administrativas y técnicas razonables, previsibles y claras. Un asunto que viene afectando la seguridad jurídica de los proyectos y obras de habilitación urbana y edificación es la discrecionalidad con que intervienen los vecinos en estos procesos, planteándose una especie de “licencia social” para desarrollar la ejecución de los proyectos. En las obras públicas, la expropiación de predios afectados se convierte en una actividad crítica que atrasa innecesariamente el proceso constructivo y genera inseguridad jurídica.

En segundo lugar, se requiere también otorgarle seguridad a los procesos constructivos, para reducir al máximo los accidentes laborales y los daños a terceros, la cual se alcanza con la capacitación de los recursos humanos, el cumplimiento de las normas de seguridad así como con la adopción de buenas prácticas y de tecnologías innovadoras de gestión.
Por último, es indispensable garantizar la seguridad de las infraestructuras construidas, de manera tal que no existan dificultades en su etapa de operación y se cumpla cabalmente su ciclo de vida. En estos casos, la supervisión de obras y la adopción y difusión de Manuales de Operación y Mantenimiento resultan indispensables. En estos dos últimos casos, es necesario contar con seguros laborales y de riesgos a terceros.

Los desafíos a superar en seguridad en la construcción:

¿Cómo reducir las invasiones de terrenos?

¿Cómo regular los derechos y obligaciones de los vecinos y los responsables de la construcción de obras de habilitación urbana y edificación?

¿Cómo acelerar los procesos de expropiación vinculados con obras de infraestructura pública?

¿Cómo sancionar el incumplimiento de las normas de seguridad en las obras?

¿Cómo promover la adopción de buenas prácticas en los procesos constructivos y de operación y mantenimiento de edificaciones e infraestructuras?


8. Violencia en obras de construcción

Un cuarto ámbito de la seguridad está vinculado con la urgencia de combatir la violencia en obras de construcción civil, motivada fundamentalmente por el accionar de bandas de delincuentes que, bajo la fachada de falsos sindicatos, extorsionan, lesionan y asesinan a trabajadores, profesionales y empresarios de la construcción. La extensión alcanzada por esta modalidad delictiva se debió a la facilidad con que obtenían autorización en el Ministerio de Trabajo, a la falta de tipificación de esos delitos, y a las limitaciones de la acción policial, fiscal y judicial.

Con la finalidad de mitigar el accionar de estas bandas, hace siete años la Cámara Peruana de la Construcción colaboró en la implementación de una división de la Policía Nacional especializada en obras de construcción, la que desde el año 2015 se convirtió en una Dirección Nacional. La acción de esta Dirección ha permitido reducir la violencia en obras, desbaratar decenas de bandas y detener a más de 2 mil personas. El número de casos judicializados, sin embargo, es ínfimo, generándose una percepción de impunidad que fortalece a los delincuentes y desalienta a la policía.

De otro lado, es necesario extender el ámbito de atención de la Dirección hacia ciudades del interior en las que la violencia en obras se ha incrementado, ello demanda la dotación de mayores recursos a la policía.

Asimismo, con la finalidad de poner fin a la escalada de violencia en las obras, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú ha ejecutado diversas campañas de sensibilización y denuncias ante los trabajadores y la opinión pública, identificando y denunciando a bandas del crimen organizado y a seudo sindicatos, situación que ha conllevado al asesinato de 15 dirigentes.

Los desafíos para combatir la violencia en obras de construcción:

¿Cómo evitar la formalización de seudo-sindicatos promovidos por bandas delincuenciales?

¿Qué cambios en la legislación penal deben implementarse para impedir el accionar de las bandas delincuenciales?

¿Qué acciones deben concertarse con el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial para la formalización de las denuncias y la sanción efectiva de estos delincuentes?

¿Qué debe hacerse para extender el ámbito de acción de la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles hacia ciudades del interior?


9. Política Laboral: Más productividad con empleo decente.

En los últimos quince años, el sector construcción ha dado muestras de que a través de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores es posible alcanzar acuerdos razonables y justos, constituyéndose en es un buen ejemplo para el país. Es el único sector donde existe la negociación colectiva por rama y los resultados obtenidos en todo este largo periodo de paz laboral, da fe de que estos importantes acuerdos han beneficiado a trabajadores, empresarios, al Estado y a la sociedad peruana en su conjunto.

La Negociación Colectiva por Rama de Actividad ha contribuido al crecimiento sostenido del sector y del país; y demuestra que con el esfuerzo y el trabajo conjunto de trabajadores y empresarios puede encaminarse la reactivación de la construcción.

El sector construcción es el más vulnerado, en cuanto a cumplimiento de los derechos laborales y las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, por el alto índice de informalidad empresarial y la falta de una efectiva fiscalización de las entidades competentes –SUNAFIL y/o Ministerio de Trabajo-, toda vez que es recurrente que en el sector informal la fiscalización sea poca o casi nula. Este es uno de los problemas que más preocupan tanto a los empresarios formales agrupados en CAPECO como a la entidad representativa de los trabajadores, y cuya solución buscan de manera conjunta y permanente.

De otro lado, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores que se desempeñan en otras actividades económicas, requiere del incremento de la Remuneración Mínima Vital en nuestro país, que es una de las más rezagadas en América Latina. El aumento periódico de la RMV, como ocurre en otros países y como lo estipula el Artículo 24° de la Constitución Política del Estado, es una medida adecuada para evitar la pérdida del poder adquisitivo para promover una vida digna entre los trabajadores menos calificados.

Finalmente, la normativa laboral en el Perú es muy dispersa, diversa y engorrosa, lo que se hace necesario corregir a través de una nueva Ley General del Trabajo, que norme de manera eficaz y transparente las relaciones laborales, poniendo énfasis en la mejora permanente de la competitividad laboral y en el respeto a los derechos colectivos de los trabajadores–Sindicalización, negociación colectiva y huelga- como instituciones reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo -OIT.

Los desafíos para alcanzar empleo decente y productivo:

¿Cómo fortalecer la acción supervisora y sancionadora de la SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo respecto a los derechos laborales en el sector construcción, así como ampliar su ámbito de fiscalización al sector informal?

¿Cuál deberá ser la nueva Remuneración Mínima Vital?

¿Cómo hacer para cumplir el precepto constitucional de que las remuneraciones mínimas deben regularse por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores?

¿Cuál es el procedimiento más apropiado para la actualización periódica de la Remuneración Mínima Vital?

¿Cuáles deberían ser las principales disposiciones de una eventual nueva Ley General del Trabajo?

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